Los derechos del viudo/a en España

Los derechos del viudo o viuda en España

En este artículo nos centraremos en los derechos del cónyuge del causante, más conocido con el término de viudo/a.

Monika Bertram

Muchas de las cuestiones que se plantean ante el fallecimiento de uno de los miembros que conforman el matrimonio, es ¿qué sucede con aquél que sobrevive al causante? Para poder contestar a esta pregunta, deberemos identificar varios escenarios distintos el uno del otro:

1. Matrimonio no separado con hijos: este supuesto viene regulado en el artículo 834 de nuestro Código Civil (Cc) y viene a determinar que en caso de que existan hijos del matrimonio (ya sean naturales o por adopción), el cónyuge del causante, esto es el/la viudo/a, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.
Pero ¿qué es el usufructo? El usufructo viene regulado en el artículo 467 del Cc y es un derecho real que da derecho, en este caso al viudo/a, a disfrutar de los bienes con la obligación de conservar su forma y sustancia. Con el usufructo, el viudo no adquiere la propiedad de la cosa, sino sólo un derecho de disfrute de los bienes del causante.
Y ¿qué es la mejora? Este concepto viene regulado en el art. 823 del Cc y es aquella parte de la legítima (destinada exclusivamente a los descendientes), en concreto un tercio  de los dos (tercios) de los bienes hereditarios, de la que el causante (padre o madre) podrá disponer libremente a favor de sus hijos o descendientes.
¿Qué ocurre cuando los descendientes lo son sólo del fallecido? En este supuesto, y según lo establecido en el art. 840 del Cc, el viudo podrá exigir que su derecho de usufructo sea satisfecho o bien mediante la asignación de un capital en dinero o bien mediante la asignación de un lote de bienes hereditarios. En cualquier caso, la decisión de la asignación de una u otra manera, estará en manos de los descendientes y no en las del cónyuge del causante.
2. Matrimonio separado pero reconciliado: para que el viudo tenga reconocidos los derechos indicados en el punto anterior, es presupuesto necesario que la reconciliación se haya notificado oportunamente ante el Juez que haya conocido del litigio.
3. Matrimonio no separado y sin hijos pero con ascendentes: en este caso, el viudo tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia.
4. Matrimonio no separado, sin descendientes ni ascendientes: el viudo tendrá derecho en este caso al usufructo de dos tercios de la herencia.

Como podemos comprobar, antes de determinar qué porción de masa hereditaria le corresponde al cónyuge del causante, habrá que estar atentos a al estado civil que el matrimonio ostentaba al momento de fallecer uno de los miembros del mismo, y si el viudo concurre a la herencia con descendientes o ascendientes.

La función preventiva de la prisión permanente revisable

Para el estudio de la Criminología moderna son muchos los factores que influyen en el delincuente y condicionan su comportamiento, el delito es un fenómeno individual, que depende de un sistema que declara que una conducta determinada es socialmente rechazable. El sistema criminal opera sobre el delincuente, pero los factores de investigación que son objeto de estudio responden a causas de carácter social, de este modo concluía LACASSAGNE cuando decía que “El delincuente es el hombre a quien ha descarriado la sociedad”.

Carlos José Gil Soler,
juez sustituto en la provincia de Barcelona

Han pasado varios lustros desde esa afirmación pero en la actualidad pervive el mismo espíritu crítico, la idea de que el delito es producto de una sociedad dada está muy enraizada en los criminólogos más ilustres, lo resume muy bien STRATENWERTH cuando dice que "La historia del Derecho Penal clásico es la historia de su desaparición".

El Derecho Penal clásico echa sus raíces en una política criminalque culpabiliza al delincuente y lo neutraliza como persona, eliminando cualquier atisbo de humanidad en la ejecución de las penas porque se concibe la justicia como la devolución del mal por el mal causado, criterio rígido y estrictamente retributivo porque, se dice que la pena no tiene una función utilitarista. Podemos definir esa filosofía con el siguiente axioma:la pena es la afirmación del derecho.

En nuestro país se ha evolucionado desde el rígido Código Penal franquista de 1973 que, pese a la dureza de las penas, fijaba criterios de flexibilización como los planes de redención al que se acogieron muchos presos en la transición, sobre todo tras la Ley de Amnistía de 1977, hacia reformas en las que impera el criterio de la prevención.  El modelo preventivo conjuga con acierto tres elementos clave para combatir con eficacia el fenómeno de la criminalidad: la coercibilidad de la pena (seguramente junto con el criterio de la proporcionalidad es lo único recuperable del pensamiento retributivo) y su ejemplificación ante los ojos de quienes integran la comunidad política, el respeto íntegro de los derechos del preso(humanidad de las penas) y el diseño de un organismo eficiente en los centros penitenciarios (la Junta de tratamiento) que actúa sobre el individuo a través de planes orientados a su rehabilitación social. La finalidad de las penas privativas de libertad pasa a ser la recuperación del delincuente para que pueda reorientar su conducta hacia la legalidad.

Este es el espíritu de nuestro texto constitucional que tiene su reflejo en los artículos 15 que prohíbe expresamente "las penas o tratos inhumanos o degradantes" y el artículo 25.2 a cuyo tenor "Laspenas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

Después  de las sucesivas reformas y proyectos de Código Penal de 1980, 1983, 1992 y de 1995, que ha sufrido este último 25 modificaciones (en especial en 2003 y 2010), sin perjuicio del anteproyecto que se va a debatir en las Cortes próximamente, hay un diagnóstico común claro: la reinserción social en la mayoría de los casos es una aspiración quimérica. Lo que constituye un fracaso de nuestro sistema penal y penitenciario, ello no responde a un modelo condescendiente con el delincuente y a unas penas demasiado laxas, a pesar de que está instalada esa idea en la conciencia colectiva. Por el contrario, desde el Código Penal de 1995 se ha ido evolucionando hacia un endurecimiento de las mismas y a su cumplimiento íntegro, en este sentido, la reforma de 2003 fue determinante, incrementándose la pena máxima hasta los 40 años, nivel que se respetó incluso con la Ley Orgánica 5/2010. Lo que es una auténtica lacra para nuestra sociedad no es tanto la reincidencia que se da en un porcentaje mayor en delitos especiales, sobre todo en los que atentan contra la libertad sexual, sino la falta de conciencia del delincuente que sale de la cárcel de la gravedad de sus crímenes y la ausencia de un sistema restaurativo eficaz  para las víctimas.

El legislador ha de trabajar en el futuro con el horizonte puesto en los próximos seis años, habrán transcurrido entonces veinte años desde la aprobación del llamado Código Penal de la democracia, suficiente para hacer un balance global y corregir los fallos que se detectan en su aplicación. El nuevo anteproyecto que se está debatiendo y que ha sido duramente criticado, no obstante constituye una nueva oportunidad. La institución de la prisión permanente revisable no es, como se ha dicho, un intento cortoplacista de lograr réditos electorales, ni una solución frívola y espontánea que responde a casos aislados de gran impacto emocional en nuestra sociedad. Por el contrario, estamos ante unainiciativa valiente del Ministerio de Justicia, concienzudamente estudiada por un equipo de expertos que han sabido asesorar con acierto y que, si sale bien, se negocia a fondo en el parlamento y se enriquece con las aportaciones de los grupos de la cámara, puede suponer un avance cualitativo en la lucha contra la criminalidad.

La prisión permanente revisable se contempla en el nuevo artículo 36.1 y 2 para los delitos más graves, como el terrorismo o asesinatos con agravante cualificada en caso de que la víctima sea menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, se ataque contra la libertad sexual, o estando el autor integrado en una organización criminal (nuevo artículo 140). Se requiere un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, con audiencia del Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva (delitos del Capítulo VII del Título XXII del Libro II) o de quince años en los demás casos. En estos supuestos el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta cumplidos doce años para el primer supuesto y ocho en el segundo.

La finalidad de esta novedosa figura es estrictamente preventiva, porque sólo pueden acceder al tercer grado quienes con un dictamen riguroso de Instituciones Penitenciarias, un organismo objetivo que actúa siempre velando por la seguridad y el respeto de los derechos del penado y el Ministerio Fiscal, garante de la legalidad. Al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta el momento, con reagrupamiento masivo de presos y excarcelaciones indebidas cuando fraudulentamente se acogían a beneficios penitenciarios quienes, en modo alguno, estaban rehabilitados ni se arrepentían de sus execrables crímenes. Se aduce que la evaluación se hace cuando el tiempo en prisión es excesivamente longevo, no es cierto, porque esta institución tiene una naturaleza excepcional y en la mayoría de casos no se aplica, seguirá concediéndose el tercer grado con normalidad. Su excepcionalidad hace posible que la respuesta penal sea proporcionada al ataque a los bienes jurídicos protegidos y a la gravedad del perjuicio ocasionado. Finalmente, opera con carácter preventivo sobre el individuo y la colectividad, porque disminuye el riesgo de comisión de nuevos ilícitos penales, evitando así la reincidencia, que causaba una alarma social insostenible, poniendo en riesgo la convivencia misma.

Esta figura además, es perfectamente compatible con métodos alternativos de justicia penal restaurativa, como la mediación para delitos de menor entidad, un servicio que está funcionando bienen los centros penitenciarios donde se aplica, dirigido a inhibir o corregir la voluntad criminal del reo y a restituir íntegramente en sus derechos a las víctimas. Un servicio, el de la mediación penal, que está siendo, de igual modo, estudiado y regulado por el Ministerio de Justicia, dándose un impulso normativo fundamental que va a dar sus frutos muy pronto.

La pensión alimenticia se pagará desde la fecha de la presentación de la demanda

fuente: Lexfamily

El recurso de casación fue interpuesto por el Ministerio Fiscal

En su Sentencia de 4 de diciembre pasado, el Tribunal Supremo ratifica que, tanto en los casos de divorcio, como en el de parejas de hecho, los alimentos hay que pagarlos desde que se presenta la demanda.

La cuestión de fondo que se planteó en el recurso de casación, como consecuencia de un proceso de divorcio como causa de disolución del matrimonio, es la relativa al momento a tener en cuenta para el abono de la pensión por alimentos fijada por la sentencia, ya con relación a la presentación de la demanda, o bien desde la fecha de la sentencia recaída.

En síntesis, en el iter procesal la sentencia de Primera Instancia no determinó el día de inicio del devengo de las pensión. Por su parte, la sentencia de Apelación declaró dicho devengo desde la fecha de la sentencia, sin eficacia retroactiva al momento de presentación de la demanda.

El Ministerio Fiscal, por razón del interés casacional, interpuso recurso de casación que articula en un único motivo por infracción de los artículos 93 y 148.1 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada para su interpretación. En este sentido al establecer la sentencia recurrida que las pensiones alimenticias se devengarán desde la fecha de la sentencia, infringe por inaplicación el artículo 148.1 del Código Civil que establece que se abonarán desde la fecha en que se interponga la demanda, y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establecida en las Sentencias de la Sala la de fechas 3 de octubre de 2008 y 14 de junio de 2011 declarando expresamente esta última que "Se sienta la siguiente doctrina: "Debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad, situaciones de crisis de matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el artículo 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda"

Señala el Tribunal Supremo que en la reciente sentencia de 27 de noviembre de 2013 (núm. 742/2013), dictada también en unificación de la doctrina, y en ocasión de una pensión de alimentos fijada en un proceso de declaración de filiación no matrimonial, abordó en toda su extensión los fundamentos de aplicabilidad del artículo 148, párrafo primero, del Código Civil señalando la razón de compatibilidad, como norma general, que resulta de la obligación de alimentos entre parientes. Puntualizándose que dicha razón de compatibilidad, derivada de la caracterización de estas acciones, ya resultaba destacada en la sentencia de esta Sala de 14 de junio de 2011 (núm. 402/2011), en relación a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada, todo ello concordante con la argumentación sostenida por el Ministerio Fiscal.

Vacaciones de navidad y divorcio

Civil

Podríamos considerar que después del procedimiento de separación o divorcio, y una vez dictada la Sentencia que resuelve las medidas o aprueba al convenio regulador, habría finalizado el conflicto familiar. No obstante, si existen menores y por tanto hay que continuar con la gestión de su cuidado y mantenimiento económico, con independencia del régimen de guarda y/o convivencia que se haya adoptado para el nuevo escenario postmatrimonial, quizás el conflicto no haya hecho más que empezar.

Óscar Martínez Miguel/ Legal Today

Una de las cuestiones que puede generar posibles diferencias entre los progenitores es en lo que atañe al reparto de las vacaciones escolares, ya que aunque a priori tengamos conciencia de que por razones de justicia un reparto igualitario y equitativo debería ser más que suficiente para que no surgiesen problemas, la experiencia nos indica que una situación cargada de emotividad, la existencia de dos vidas distintas con intereses personales poco o nada compatibles, sumado al recuerdo retroalimentado de rencores, son ingredientes que acentúan negativamente la gestión de las vacaciones, siendo una auténtica fuente de conflictos.

Debemos partir de diferenciar si el divorcio ha sido consensuado o si se ha tenido que acudir al trámitecontencioso en el que el Juzgado ha tenido que decidir por los interesados. En este último supuesto, en el que no se ha consensuado de forma bilateral las medidas, una fórmula habitual  que a modo estándar utilizan los Juzgados en la Sentencia es que "los menores estarán con cada progenitor la mitad de las vacaciones escolares", sin hacer ninguna especificación más, si bien es cierto que cada vez más algunos órganos jurisdiccionales introducen determinados matices como quién elige en caso de discrepancia y qué se entienden por vacaciones escolares, ya que éstas no son solamente las de verano sino también las de navidad, semana santa, etc. En cualquier caso, la falta de concreción en la resolución judicial puede llevarnos a muchos conflictos, pues se nos plantean multitud de interrogantes, como por ejemplo cuándo comienzan exactamente las vacaciones: desde la salida del colegio el último día lectivo o si desde el día siguiente, o bien quién tiene que recoger al menor y dónde, incluso cuándo termina el periodo vacacional: el último día festivo o al día siguiente cuando entra el menor al colegio, o cuál debe ser la hora en que se debe producir la devolución del menor al domicilio del otro progenitor, etc.

Si estamos ante un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, está en manos de las partes el prever con la mayor exhaustividad posible cómo se van a repartir las vacaciones escolares, incluyendo en el convenio regulador todos aquéllos aspectos que puedan contribuir a disminuir o amortiguar la posible conflictividad que pueda tener lugar en el futuro, debiendo tener en cuenta al menos algunas cuestiones básicas, sin que las mismas supongan una lista cerrada o taxativa:

1. Qué debemos entender por el concepto de vacaciones escolares: si sólo las de verano, semana santa y navidad, o si también incluimos otros periodos vacacionales como con las Fallas en Valencia, u otros periodos como pueden ser los puentes festivos.
2. Si se van a dividir en solo dos periodos, uno para cada progenitor, o si cabe la posibilidad de fraccionarse en periodos más cortos como por ejemplo fijar que en verano los menores estarían durante quince días con cada progenitor.
3. El momento de inicio de la vacaciones: al término del colegio, al día siguiente a una hora concreta, etc.
4. El momento de finalización de las vacaciones y la hora en que se deberán reintegrar los menores en el domicilio del otro progenitor.
5. Quién recoge y/o reintegra a los menores,  y el lugar donde debe realizarlo (en el domicilio del otro progenitor, en el centro escolar, etc).
6. Quién elige el periodo vacacional en caso de discrepancia. En cuanto a este particular, se pueden establecer turnos alternos de preferencia, como por ejemplo que un progenitor elija los años pares y el otro los años impares.
7. Qué se entiende por vacaciones escolares: si van a ser los días fijados en el calendario aprobado por el gobierno autonómico o se va a utilizar otro criterio.
8. Cualquier otra cuestión que consideremos que pudiera generar un conflicto, previo análisis de las características y peculiaridades de la familia.

En cualquier caso, si en la Sentencia no está prevista alguna cuestión relativa al reparto del régimen de convivencia con los hijos durante las vacaciones, bien porque las medidas han sido acordadas en un procedimiento contencioso, o bien porque al tiempo de pactar el convenio regulador no se ha previsto algún particular que ha surgido posteriormente, y además el nivel de conflictividad es de tal consideración que no se pueden alcanzar acuerdos que solventen la situación, podemos acudir a determinados recursos que tenemos a nuestra disposición.

Uno de ellos sería ejercitar la acción judicial, aunque dada la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, con tomar este camino quizás no consigamos la inmediatez y celeridad que nos requiere la situación. Es posible que nos encontremos en vísperas de Nochebuena con una falta de concreción del reparto de las vacaciones de navidad, y que previsiblemente tengamos alguna respuesta judicial una vez pasado dicho periodo vacacional, por lo que la efectividad resolutiva de la acción judicial puede resultar de todo punto insatisfactoria.

Otro recurso sería la intervención de un Punto de Encuentro Familiar (PEF), organismo neutral e imparcial a través del cual se pueden realizar los regímenes de comunicaciones e intercambios de los menores en casos de conflictividad entre sus progenitores. Ahora bien, estos organismos actúan por derivación del Juzgado, es decir, tiene que ser el órgano judicial el que remita el expediente al mismo para que se intervenga en la gestión de los regímenes de guarda y custodia. Por lo tanto, si bien el Punto de Encuentro nos puede auxiliar en la distribución de las vacaciones escolares, la comunicación de los periodos al otro progenitor, incluso controlar el cumplimiento de las mismas, no hay que olvidar que para que exista dicha colaboración, la familia debe de estar previamente derivada por el Juzgado. Además, no hay que tampoco perder de vista que el acudir al Punto de Encuentro tiene carácter temporal con el objetivo de regularizar y normalizar la gestión de las comunicaciones con los menores, por lo que una vez finalice su intervención, deben ser los propios progenitores los que tengan que procurar abrir vías de diálogo para solventar sus propios conflictos.

Por último, y afortunadamente cada vez con más posibilidades de poder utilizarse, si encontramos dificultad de diálogo, tenemos la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación familiar, en el que ambas partes serán auxiliadas por una tercer persona imparcial, que les podrá facilitar herramientas para solventar problemas puntuales que vayan surgiendo en el reparto, elección y concreción de las vacaciones escolares. Es evidente que sería conveniente acudir a mediación con antelación suficiente para que la misma pueda cumplir su función, ya que cabe la posibilidad de que se tuvieran que realizar varias sesiones, y pudiera ocurrir que el inicio del periodo vacacional fuera inminente en el tiempo.

¿Quiere usted casarse?....pase por caja

FAMILIA

FUENTE: Enrique Sainz Rodríguez/Lex Family

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria el cual va a permitir tanto a notarios como a registradores mercantiles casar y divorciar pero…. ¿A costa de qué?

Desde el Gobierno ven este proyecto como una manera de descongestionar a los Juzgados de Familia permitiendo un mejor funcionamiento de la administración de Justicia.

La trampa de todo esto, se encuentra en la tarifa o arancel que cobrarán estos profesionales a cambio de celebrar una boda o permitir un divorcio y en el silencio del Gobierno acerca de si se podrá o no seguir acudiendo al sistema tradicional y gratuito que establece el artículo 49 del Código Civil.

En relación a todo esto es necesario plantearnos dos interrogantes: ¿Realmente se descongestionaran los Juzgados? Y ¿Que se pretende realmente con esta reforma?

En la época de crisis económica en la que estamos no parece acertado poner un coste a algo que ya de por sí puede llegar a ser muy costoso.

¿Descargar de trabajo a los Juzgados? No lo creo, pues únicamente la gente pudiente acudiría a notarios o registradores transformando nuestro sistema judicial en una “justicia de 2 velocidades”: una para los ricos y otra para los pobres, tal y como mencionó muy acertadamente la Asociación Jueces por la Democracia (JpD)

Con lo que se refiere al segundo interrogante, mi opinión es clara en ese aspecto pues se trata de una manera de avanzar a la privatización de la justicia como ya está ocurriendo con la sanidad o la educación.

¿Realmente  vamos a arreglar las cosas poniendo más trabas económicas a la gente que quiere empezar una vida en común o a aquella que desea ponerle fin? Por este camino seguro que no.

¿Puede el demandado en un proceso civil aceptar el desistimiento y obtener a la vez una condena en costas?

Los abogados en ocasiones nos planteamos si nuestro cliente puede desistir de un procedimiento civil sin riesgo de condena en costas. O, cuando nuestro cliente es el demandado, si podemos aceptar el desistimiento del actor sin vernos obligados a renunciar a las costas. A pesar de tratarse de una cuestión práctica relevante y habitual, la Ley no es clara y los tribunales tampoco nos dan una respuesta unívoca.

Fuente: LUCÍA CARRIÓN/ LEGAL TODAY

1. De conformidad con el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el actor formula desistimiento, si el demandado presta su conformidad o no se opone a él, se acordará el sobreseimiento del proceso y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opone al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno. Por su parte, el artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que si el proceso termina por desistimiento del actor, "que no haya de ser consentido por el demandado", el actor será condenado a las costas del procedimiento. Si el desistimiento fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes.

No obstante, en la práctica es frecuente que el demandado acepte el desistimiento en cuanto tiene por efecto el sobreseimiento del pleito, pero que a la vez solicite la condena en costas. ¿Está entonces el demandado aceptando el desistimiento o se está oponiendo? ¿Cabe esta suerte de consentimiento condicionado a la condena en costas o, visto de otra forma, oposición parcial al desistimiento en cuanto a la condena en costas? La opinión de nuestros tribunales se encuentra dividida.

2. Por un lado, las resoluciones judiciales que concluyen que no cabe la imposición de costas cuando se acepta la terminación del proceso interpretan que la oposición al desistimiento ha de ser al desistimiento en cuanto a tal, porque exista un interés del demandado en obtener una sentencia sobre el fondo del asunto. La oposición simplemente en cuanto a la condena en costas sería un supuesto de aceptación del desistimiento a los efectos del artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la condena en costas no constituye el objeto del procedimiento, sino simplemente su posible consecuencia. Apoyarían esta interpretación los artículos 414 y 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según los cuales la oposición deberá residir en la existencia de "interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo".

Estas resoluciones destacan además que el desistimiento no impide formular de nuevo la pretensión mediante la interposición de otra demanda sobre el mismo objeto. Por ello, cuando el demandado acepta el desistimiento y consiente, por tanto, dejar la controversia imprejuzgada, en lugar de oponerse para poner fin definitivamente a la controversia, el desistimiento tiene carácter bilateral y, de forma coherente, el artículo 396.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece con carácter imperativo que no habrá condena en costas.

Han optado por esta interpretación un buen número de resoluciones judiciales. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª, en su Auto de 24 de septiembre de 2012 (JUR 2012\370508); Albacete, Sección 2ª, en su Auto de 21 de octubre de 2011 (JUR 2011\431263); Asturias, Sección 6ª, en su Sentencia de 18 de marzo de 2013 (JUR 2013\161366); Barcelona, Sección 16ª, en su Sentencia de 21 de enero de 2013 (JUR 2013\72885); Cantabria, Sección 2ª, en su Auto de 18 de noviembre de 2011 (JUR 2012\383878); Ciudad Real, Sección 1ª, en su Auto de 27 de febrero de 2009 (JUR 2009\422409); Guadalajara, Sección 1ª, en su Auto de 16 de enero de 2013 (JUR 2013\137618); Lugo, Sección 1ª, en su Auto de 6 de junio de 2012 (JUR 2012\274887); Madrid, Sección 20ª, en su Auto de 28 de diciembre de 2012 (JUR 2013\41702); o Murcia, Sección 4ª, en su Auto de 14 de abril de 2011 (JUR 2011\358545).

3. La otra parte de la jurisprudencia menor concluye que el demandado sí puede aceptar el desistimiento y obtener no obstante una condena en costas a su favor. Se subraya que la Ley no ha regulado expresamente el "supuesto hibrido" de que el demandado acepte poner fin al proceso y a la vez solicite la condena en costas. Ante el vacío legal, se interpreta que existe oposición del demandado al desistimiento, ya que el consentimiento no es puro ni totalmente concorde con la petición de la parte actora, sino simplemente parcial, aunque sea sólo a los efectos de la condena en costas. Hay que estar, pues, a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de oposición, que establece que "el Juez resolverá lo que estime oportuno". Así, el juez podrá imponer las costas al actor en función de las circunstancias del caso, atendiendo al carácter justificado o no del desistimiento. Así, se suele condenar en costas al actor que desiste porque advierte que erró al interponer la demanda, mientras que no suelen imponerse las costas cuando el desistimiento trae causa de circunstancias sobrevenidas que el actor no tenía la carga de prever cuando interpuso la demanda.

Esta tendencia jurisprudencial se refiere asimismo al principio objetivo del vencimiento en el que se basa la condena en costas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues, aunque no sea de aplicación strictu sensu a los casos de desistimiento, se asienta en la necesidad de que quien obliga a otra parte a concurrir a un pleito a defenderse de una pretensión sin fundamento o mal planteada, debe responder del perjuicio causado mediante la condena en costas.

Además, se destaca que no tendría sentido obligar al demandado a que inste la prosecución de procedimiento con la única finalidad de obtener la condena en costas.

En este sentido se ha pronunciado, entre otras, la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, en su Auto de 9 de mayo de 2011 (JUR 20011\294360); Almería, Sección 2ª, en su Auto de 27 de noviembre de 2012 (JUR 2013\136507); Barcelona, Sección 1ª, en su Auto de 4 de diciembre de 2012 (JUR 2013\22408); Cádiz, Sección 7ª, en su Auto de 7 de marzo de 2012 (JUR 2012\354443); Ciudad Real, Sección 2ª, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 (JUR 2013\198974); Cuenca, Sección 1ª, en su Auto de 27 de junio de 2011 (JUR 2011\331986); Gerona, Sección 1ª, en su Sentencia de 11 de febrero de 2013 (JUR 2013\122323); Granada, Sección 3ª, en su Auto de 23 de julio de 2010 (JUR 2011\73356); Huelva, Sección 1ª, en su Auto de 29 de febrero de 2012 (JUR 2012\323536); Islas Baleares, Sección 3ª, en su Auto de 7 de febrero de 2012 (JUR 2012\130654); Las Palmas, Sección 5ª, en su Auto de 22 de febrero de 2010 (JUR 2011\55472); Madrid, Sección 28ª, Auto de 11 de enero de 2013 (JUR 2013\70149); Sevilla, Sección 6ª, en su Auto de 6 de noviembre de 2012 (JUR 2013\14676); y, Valencia, Sección 11ª, en su Auto de 24 de julio de 2012 (JUR 2012\357469).

4. En fin, no es éste el momento de analizar en detalle las dos corrientes jurisprudenciales, ni de pronunciarnos a favor de una de ellas. Simplemente queremos advertir la disparidad de criterios y la importancia de intentar conocer la interpretación que se sigue en cada foro para el mejor asesoramiento a nuestros clientes. Una labor que puede presentar serias dificultades, pues el criterio de las Audiencias Provinciales en ocasiones varía en función de la Sección dentro de una misma Audiencia, además de evolucionar con el paso del tiempo.

Por evidentes razones de seguridad jurídica sería necesario que el legislador diera respuesta expresa a la cuestión en próximas reformas legislativas, ya que no lo hará el Tribunal Supremo, que tiene dicho que las cuestiones relativas a la imposición de costas no tienen acceso al recurso extraordinario por infracción procesal, ni al recurso de casación (por ejemplo, en su Auto de 28 mayo 2013, JUR 2013\181082).

La Ley de emprendedores dará posibilidad de pagar el IVA al cobrar efectivamente la factura

• Se crea un régimen especial en el IVA, de carácter voluntario, que permitirá evitar ingresar el IVA hasta que se cobre la factura.
• España cuenta con más de tres millones de autónomos, un 13% de ellos con asalariados a su cargo.
• El 99% de empresas inscritas en la Seguridad Social tiene menos de 250 trabajadores.

Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores, presentado ayer a una representación de ellos, se trata de una norma “horizontal”, en palabras de Rajoy, que atiende a toda la actividad empresarial, ya que “da respuesta integral a las necesidades de autónomos y empresas”.


Fuente: Legal Today

Ayer se explicó que la nueva norma de apoyo a los emprendedores facilitará la agilización y simplificación administrativa para crear una empresa y establece los puntos de atención al emprendedor a través de los cuales tendrá acceso a toda la documentación y solicitudes, así como a la información sobre apoyo financiero y ayudas. Los emprendedores podrán constituir una sociedad en 18 días y se crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y las medidas para facilitar la segunda oportunidad.

El colchón del pago del IVA puede dar un poco de estabilidad a las pequeñas y no tan pequeñas empresas. De todos modos, es algo que ya se le plantó formalmente al Gobierno a principios de febrero.

La solución propuesta en su día por una representación de autónomos consistía en hacer pagar el IVA al moroso. Se haría aplicando el principio de inversión del sujeto pasivo (tal y como ha tenido lugar recientemente con la Ley 7/2012, que ha modificado la Ley 37/1992, en su art. 84. Uno. 2º f), de modo que el deudor moroso destinatario de la operación pasará a ser el obligado tributario para la liquidación del IVA de las facturas que ha impagado, en lugar del emisor de las mismas. Así, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podría reclamar directamente el pago de dicho IVA al destinatario de la operación. Con esta iniciativa se podrían detectar empresas morosas porque permitiría a la Agencia Tributaria conocer a aquellos contribuyentes que se han desgravado un IVA que no han pagado.

"Con el objetivo de salvaguardar los intereses de estos colectivos frente a la rampante morosidad, hemos diseñado una alternativa que sustituye el criterio de devengo por el de caja en la liquidación del IVA de pymes y autónomos recurriendo a soluciones ya utilizadas por la Agencia Tributaria que permiten eludir los problemas técnicos que retrasan la implantación", explicaba el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. El 78% de las grandes empresas españolas creen que hay poca o ninguna estabilidad en las normas fiscales 

¿Qué beneficios fiscales tiene la Ley de Emprendedores?

• IVA de Caja: Se crea un régimen especial en el IVA, de carácter voluntario, que permitirá evitar ingresar el IVA hasta que se cobre la factura.
• Deducción por inversión de beneficios: Podrán tener derecho a aplicar este incentivo, con un 10% de reducción, las empresas de reducida dimensión.
• Incentivos fiscales a I+D: Las deducciones por gastos e inversiones en I+D podrán opcionalmente ser objeto de aplicación sin quedar sometida a ningún límite en la cuota y resultar abonada, con un descuento conjunto del 20% de su importe, cuando no hayan podido aplicarse por insuficiencia de cuota.
• Ampliación del "patent box" (reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles): El porcentaje de integración en la base imponible de las rentas procedentes de la cesión del uso o explotación de los activos será del 40% o 60% según los casos, sin límite cuantitativo vinculado con el coste de creación del activo.
• Business angel (inversores de proximidad) y capital semilla: Sistema de capital-riesgo donde el inversor es un particular, que disfruta de un doble beneficio fiscal: a) Con ocasión de inversión realizada, una deducción del 20% en la cuota estatal de su IRPF. b) Con ocasión de la posterior desinversión, exención total de la ganancia patrimonial que se generase, siempre y cuando se reinvirtiera en otra entidad de nueva o reciente creación.

Hoy os mostramos una sentencia de una modificación de la pensión de alimentos llevada y ganada por Egolegal.

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6
OVIEDO
SENTENCIA: 00096/2013
RECURSO DE APELACION (LECN) 579/12

En OVIEDO, a once de marzo de dos mil trece. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, compuesta
por, los Ilmos. Srs. D. José Manuel Barral Díaz, Presidente; Dª María Elena Rodríguez Vígil Rubio y D. Jaime Riaza García, Magistrados; ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº 96
En el Rollo de apelación núm. 579/12 , dimanante de los autos de juicio civil Modificación de Medidas,
que con el número 387/12 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de Oviedo,
siendo apelante DOÑA Serafina , demandada en primera instancia, representada por el PROCURADOR
SR. DON RAFAEL COBIAN GIL DELGADO, y asistida por el Letrado Sr. DON ANGEL SIMO MARTINEZ; ycomo parte apelada DON Teodosio , demandante en primera instancia, representado por el Procurador Sr.DON MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, y asistido por el Letrado SRA. DOÑA ALICIA FERNADEZ DEL CASTILLO; EL MINISTERIO FISCAL en la representación que le es propia; ha sido Ponente el Ilmo.Sr. Presidente Don José Manuel Barral Díaz.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de los de Oviedo, dictó sentencia en fecha
25-9-2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda de
Modificación de Medidas interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Miguel Angel Fernández García en nombre y representación de D. Teodosio frente a DOÑA Serafina , siendo parte el Ministerio Fiscal; DECLARO QUE HA LUGAR A MODIFICAR la medida relativa a la PENSION DE ALIMENTOS a abonar por el demandante a favor de sus hijos Alejandro y Daniel, establecida en la sentencia de fecha 17/01/2007 dictada en los autos de divorcio nº 719/06 de este Juzgado, estableciéndola en el 30% DE LOS INGRESOS LÍQUIDOS que perciba por cualquier concepto (salario, prestación, subsidio, ayuda, renta) a abonar, dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta designada por la progenitora, y ello a partir de la mensualidad en la que deje de percibir la prestación por desempleo.
Desapareciendo el criterio de actualización previsto, por innecesario, al establecer un porcentaje.
Sin imposición de las costas procesales devengadas en esta instancia."

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,
del cual se dio el preceptivo traslado a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la vigente Ley,que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección. Por la parte demandada se solicitó el recibimiento a prueba en esta segunda instancia.
En fecha 10 de enero de 2013 se dictó auto que literalmente dice en sus fundamentos de derecho y
parte dispositiva:

ÚNICO.- La prueba fue solicitada en la primea instancia en tiempo y forma, siendo denegada por la
Sra. Magistrada sin razonamiento alguno para su rechazo, lo que constituye una infracción clara del deber de
motivar las resoluciones judiciales, lo que incide en la falta de tutela judicial efectiva proclamada por el artículo24 de la Constitución , razón más que suficiente para que por esta Sala se supla tal flagrante omisión, dando lugar a la prueba y despachando los oficios interesados a las entidades bancarias aludidas en el referido escrito de recurso.

LA SALA DIJO: Ha lugar a recibir a prueba los presentes autos en esta segunda instancia. Líbrense los
oficios interesados en el escrito de interposición del presente recurso, otorgando un plazo de diez días para su contestación, encomendándose al Procurador de la parte su gestión a efectos de su adecuado cumplimiento.
Una vez recibidas las contestaciones, dese traslado de las mismas a la parte contraria por término de
cinco días."

Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 7 de marzo de 2013.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estima en parte la demanda en la que el actor pedía la
modificación de los alimentos de los dos hijos habidos con la demandada, que viene satisfaciendo en cuantía
actualizada de 672,75 # al mes, pretendiendo que se disminuya hasta el 25% de lo que actualmente percibía
como prestación por desempleo a razón de 1.430,03 # al mes, si bien en el acto del juicio justificó que tal
prestación era de 1.213,17 # mensuales. Fundaba dicha petición en el hecho de que cuando se establecieron los alimentos ganaba cerca de 1.900 # mensuales más dos pagas extras, razón por la que sus ingresos habían descendido notoriamente.; sin perjuicio de haber constituido nueva familia con un hijo de un año actualmente.
Es un hecho acreditado que desde septiembre de 2012, cesada ya aquella prestación por desempleo, pasó
a percibir el subsidio a razón de 426 # al mes.
La demandada se opuso a tal modificación, alegando que la situación actual seguía siendo
sustancialmente idéntica a la anteriormente contemplada cuando se fijaron los alimentos, no siendo
circunstancia a tener en cuenta el hecho de la nueva familia del actor, al depender tal circunstancia de la
unilateral voluntad del citado.

SEGUNDO.- Si la juzgadora de la primera instancia hubiera accedido a celebrar la prueba de oficiar a
las entidades bancarias, como así tuvo que hacer esta Sala, supliendo una omisión a todas luces injustificada
por falta total de razonamiento a la hora de desestimar dicha prueba, a buen seguro que la sentencia a dictar
hubiera sido bien diferente, porque del resultado de dicha prueba se deduce que el actor es titular de un
depósito por importe de 24.000 # constituido en Liberbank el día 8 de mayo de 2.012, es decir un mes antes de interponer la presente demanda (1-6-2012), más una cuenta corriente en dicho Banco, cuyo saldo activo a la indicada fecha ascendía a 32.436,47 #, más otra cuenta corriente en la Caixa por importe a igual fecha de17.323,35 #. Todo ello hace un total, nada despreciable, de 73.759,82 #, sin perjuicio de haber ocultado datos esenciales para resolver el presente procedimiento desde el mismo momento de presentar su demanda.

TERCERO.- Alega frente a dicha prueba que la primera de las cuentas citadas es conjunta con su padre,
lo que por sí mismo nada justifica, pues la identidad del demandante figura en primer lugar y no se acredita
que el padre haya utilizado la cuenta como propia. Dice también que la segunda cuenta es conjunta con su
actual esposa, pero la certificación librada por la Caixa únicamente alude al demandante y nunca a la segunda citada. En la demanda se ocultaron los mencionados depósitos y cuentas bancarias.
La Sala debe revocar la sentencia de primera instancia a la vista de dicha prueba, pues todas las
alegaciones que hace al respecto el citado carecen de toda demostración objetiva de la causa por la que
dichas cuentas, al margen ya del depósito mencionado, tienen movimientos de ingresos y gastos, ignorándose por ello su concepto y motivo. Lo único cierto es que con tales ingresos el padre tiene medios económicos suficientes para, cuando menos en el presente pleito, afrontar perfectamente sus obligaciones alimenticias con los hijos habidos en su primer matrimonio.
Se estima el recurso de la demandada.

CUARTO.- La revocación de la sentencia apelada conlleva la desestimación de la demanda y la
condena al pago de las costas en la primera instancia, conforme así lo dispone el artículo 394.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ; sin imposición en cuanto a las del presente recurso, dada su estimación, según el
artículo 398.2 de la misma Ley procesal .En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Audiencia 

Provincial, dicta el siguiente:
FALLO
Se estima el recurso de apelación interpuesto por la demandada doña Serafina frente a la sentencia
dictada en autos de Juicio Verbal sobre modificación de medidas definitivas, que con el núm. 387/2012 se
siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de esta Capital, cuya sentencia se revoca íntegramente.
En su lugar, debemos desestimar y desestimamos la demanda presentada por el demandante don
Teodosio , al que imponemos el pago de las costas de la primera instancia; sin mención especial en cuanto
a las del presente recurso.
Contra la presente sentencia, cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por
infracción procesal y/o, casación, conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 Euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el M. Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local, u organismo autónomo dependiente.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Aumenta un 3% las denuncias por violencia de género

Aumenta un 3% las denuncias por violencia de género

Uno de cada tres españoles considera "una pérdida de tiempo" ir a juicio aunque tenga un "grave conflicto", según la OCU

Uno de cada tres españoles considera "una pérdida de tiempo" ir a juicio aunque tenga un "grave conflicto", seabgún la OCU

El Tribunal Supremo valida el divorcio de una mujer que solicitaron sus padres cuando estaba en coma

El Tribunal Supremo valida el divorcio de una mujer que solicitaron sus padres cuando estaba en coma

El 71% de las mujeres que encabezan familias monoparentales dicen que las medidas de conciliación son "insuficientes"

El 71% de las mujeres que encabezan familias monoparentales dicen que las medidas de conciliación son "insuficientes"

Los divorciados se casan cada vez más

El porcentaje de contrayentes con una ruptura anterior se ha más que duplicado en una década. Los expertos lo atribuyen al menor coste emocional y económico que tienen ahora los divorcios

Los divorciados quieren intentarlo de nuevo. Uno de cada ocho españoles que contraen matrimonio hoy ha vivido una ruptura matrimonial previa. Hace solo una década era uno de cada veinte. Algo está cambiando en las relaciones de pareja y se produce una paradoja: cada año se casa menos gente en España -en general, en el mundo occidental-, pero en cambio crece el número de divorciados que no se resisten a probar suerte por segunda o tercera vez.

La evolución del número de matrimonios entre 2000 y 2010 muestra una realidad que en esencia no sorprende a los especialistas. Frente a un aumento de la población española, que ha pasado de 40,5 a 47 millones de habitantes en ese mismo período, el número de personas que han contraído matrimonio anualmente ha descendido de 433.000 a 334.000, en lo que se refiere a uniones heterosexuales. Lo que llama la atención es que en la primera parte de la década el volumen de bodas celebradas baja primero y se recupera más tarde, pero en la segunda se produce un auténtico desplome. En 2009, por ejemplo, la reducción fue superior al 10%.

Son los divorciados los que van contra corriente. En el total nacional, casi se dobla a lo largo de la década el número de los que se casan cada año. En términos porcentuales, la escalada es enorme: si en 2000 solo el 5,3% de las personas que se casaban venía de una ruptura anterior, en 2009 -el último ejercicio con datos disponibles sobre este asunto- eran el 12,3%. Y la tendencia continúa, como muestran las cifras de 2010 para algunas comunidades autónomas; por ejemplo, el País Vasco.

Se rompe así un tópico: el de que quienes han vivido un fracaso matrimonial no quieren repetir la experiencia. Se emparejan de nuevo pero sin firmar documento algo que certifique la unión. Eso ha funcionado durante muchos años, pero parece que empieza a dejar de ser así.

¿Por qué? En primer lugar, hay un factor cuantitativo: el número de divorcios ha crecido mucho en los últimos tiempos. En concreto, desde 1982, año en que se aprobó la ley, se han acogido a esa posibilidad alrededor de 2,8 millones de españoles. De esa suma, algo más de 1,2 millones lo han hecho en el último quinquenio. Dicho de otra forma, el fuerte aumento porcentual de bodas con algún divorciado entre los contrayentes se explica en buena medida por el hecho de que hay más personas en esa situación.

Pero junto a este factor puramente numérico hay otros. Ana Martínez Pampliega, directora del equipo de investigación en Evaluación e Intervención Familiar de la Universidad de Deusto, entiende que existen razones de carácter práctico que pueden explicar esa evolución. La ley popularmente llamada del 'divorcio exprés' suprimió la separación como paso necesario para el divorcio, y con ello «redujo el coste emocional» de la ruptura. Eran ese coste emocional y el económico de un proceso de divorcio tras el inicial de separación, igualmente costoso, lo que disuadía de la solicitud y favorecía la cohabitación de las parejas. Martínez Pampliega apunta que eso sucedía en cerca de un tercio de los casos de ruptura.

La catedrática de Deusto considera también que, cuando las parejas rotas no tienen descendencia, es mucho más probable un nuevo matrimonio de ambos. En cualquier caso, la tendencia general -aunque tiene excepciones- es que los hombres se inclinan más hacia un segundo -o tercer- matrimonio. «Como normalmente no tienen la custodia de los hijos, sufren en mayor medida el miedo a la soledad». Eso, unido a que tras la ruptura los varones tienen más tiempo libre, menos ataduras y en general los mismos o más recursos, facilita la búsqueda de nueva pareja. Y en muchos casos se formaliza esa unión.

También la edad importa, sugieren los especialistas. Todos los datos concluyen que cuanto más jóvenes son los divorciados más posibilidades hay de que vuelvan a contraer matrimonio. Sobre todo, si desean tener descendencia con su nueva pareja. Y, como quiera que los matrimonios que se rompen lo hacen en fecha cada vez más temprana, esta circunstancia ayuda también a plantearse pasar de nuevo por el Registro Civil.

Eso sí, darse una segunda oportunidad, pese a la experiencia acumulada, no equivale a tener mayores garantías de éxito. La dificultad de manejar una familia reconstituida -a veces, de una enorme complejidad, con hijos «tuyos, míos, nuestros»- conduce en ocasiones a una convivencia imposible. No es el único factor determinante, pero sí tiene importancia. Y el resultado final es que alrededor de la mitad de los matrimonios contraídos por divorciados concluyen en una nueva ruptura.

FUENTE: http://www.diariovasco.com/v/20110711/al-dia-sociedad/divorciados-casan-cada-20110711.html

La infidelidad ya no es la primera causa de divorcio en el Reino Unido

La infidelidad ha dejado de ser la primera causa de divorcio en el Reino Unido. El 'desamor' es ahora el factor primordial, citado por el 27% de los británicos –frente al 25% que menciona el desliz amoroso de la pareja- en las 113.000 separaciones legales registadas en el país.

Como tercer punto de conflicto despunta la 'conducta irrazonable' del esposo o esposa (17%), seguido de la 'crisis de la media vida' (10%) y finalmente el dinero, apenas el 5%, según un sondeo realizado entre cientos de abogados de familia en el Reino Unido.

El estudio sobre "el estado del divorcio", realizado por la firma Grant Thornton, ha roto los esquemas a la mayoría de los británicos. "Las razones por las que se ha producido este movimiento son interesantes pero difíciles de explicar", reconoce a 'The Guardian' la directora del estudio, Louisa Plumb.

Plumb asegura que la decisión de varios famosos de seguir casados a pesar de los devaneos amorosos de la pareja ha podido influir en el cambio social: "Estamos viendo cada vez a más 'celebridades' que deciden pelear por el matrimonio o por la continuidad de la relación, como ha ocurrido con la modelo Abbey Clancy y el futbolista Peter Crouch".

La consejera matrimonial Christine Northam descarta esa idea y opina que el sondeo refleja algo más profundo: "Un ligero cambio en las expectativas que la gente pone en sus relaciones".

Desde que arrancó el sondeo anual, en el 2003, la infidelidad era la causa mayoritaria de las separaciones. En los últimos años, sin embargo, ha ascendido notablemente el factor del "desenamoramiento" sin mediación de terceros, especialmente en parejas que superan el listón de los 40 años.

La 'crisis de la media vida', al filo de los 50 es otra de las razones al alza, mientras que las razones económicas –a pesar de la recesión- han caído hasta el quinto lugar. Los expertos opinan que las dificultades financieras de las parejas puede ser sin embargo la causa principal del descenso de los divorcios en el Reino Unido a los niveles de 1974.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Ohio y presentado recientemente en la Asociación Sociológica Americana en La Vegas, ha llegado recientemente a otra curiosa conclusión: las mujeres ganan peso cuando se casan y los hombres cuando se divorcian. La tendencia se acentúa en ambos casos cuando el matrimonio o la ruptura ocurre después de los cincuenta.

FUENTE: EL MUNDO

El Supremo impone que compartir la custodia sea la solución general

El fallo interpreta el reformado artículo 92 del Código Civil

A la hora de decidir sobre la custodia de los hijos durante un proceso de divorcio, optar por la guardia y custodia compartida de los menores no debe considerarse "una medida excepcional", ya que el artículo 92 del Código Civil no establece tal exigencia. Al contrario, esta medida "debería considerarse la más normal".

Lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 7 de julio de 2011, de la que es ponente la magistrada Roca Trías, en la que se interpreta la redacción del nuevo artículo 92 del Código Civil, cuyo texto se modificó a raíz de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Al tratarse de una norma con menos de cinco años de vigencia, la Sala estima procedente aceptar el recurso de casación interpuesto por el exmarido, que se basó tanto en el interés casacional por la existencia de jurisprudencia contradictoria en distintas audiencias provinciales, como en la corta vigencia de la norma, inferior a los cinco años.

El fallo recuerda que el punto de partida a la hora de decidir sobre el futuro de los menores tras la ruptura del vínculo matrimonial está en velar por sus intereses. Sin embargo, no queda claro cuáles son los criterios en los que debe basarse el juez a la hora de decidir.

La sentencia afirma que "esta Sala ha venido ya recogiendo una serie de criterios relativos a la interpretación de lo que significa el interés del menor, que deben tenerse en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida". Entre ellos, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores...

Pero lo que debe aclararse es que la redacción del artículo 92 "no permite concluir" que la custodia compartida "se trate de una medida excepcional", sino que, "al contrario, debería considerarse la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible". Se revoca, por tanto, el fallo anterior, estimándose la pretensión del padre.

FUENTE: EL ECONOMISTA