El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 27 de febrero, un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas judiciales por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.
La supresión se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. Según el Ejecutivo, “se continúa así trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva”.
Ante ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción pero asegura que ésta es “parcial” porque no extiende la derogación de las tasas también a las pymes, “lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”.
A pesar de ello el CGAE considera que con la aprobación de esta norma “se pone fin a la agonía de miles de ciudadanos que –hasta hoy mismo- han visto limitado su derecho de acceso a la Justicia durante más de dos años, sin que, además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita”.
La abogacía también celebra que se haya aprobado una Ley de Segunda Oportunidad
Por otra parte, la Abogacía Catalana ha celebrado que el Gobierno haya aprobado finalmente una ley de segunda oportunidad dirigida a los autónomos, pero también a familias que han sido víctimas de la crisis.
Con esta nueva ley, la Abogacía confía en que se solucione la situación en que se encuentran las personas víctimas de la crisis en España. “Cuando una familia acumulaba una deuda hipotecaria, no sólo podía terminar siendo desahuciada sino que, a menudo, la deuda la perseguía y le impedía rehacer su vida. Por eso la Abogacía Catalana hacía años que reclamaba una Ley de Segunda Oportunidad o de sobreendeudamiento, que regulara la dación en pago de la vivienda y permitiera empezar de nuevo a las familias que sufren las consecuencias de la crisis, como ya existe en otros países”, asegura.
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